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¿Es posible borrar contenidos de diarios oficiales?

Publicaciones como el BOE, el DOGC o las gacetas municipales divulgan a diario miles de sanciones, multas, notificaciones y requerimientos. Son informaciones no deseadas y atemporales que acaban indexadas en Google mostrando carencias o situaciones administrativas que lastiman seriamente la imagen de ciudadanos. En el caso de sociedades afectadas esto puede traducirse en pérdidas de facturación, desconfianza de clientes y pérdida de proyección empresarial.

Eliminar estos anuncios oficiales suele convertirse en una carrera de obstáculos en la que el ciudadano acaba por desistir. El sector público es reacio a eliminar sus anuncios oficiales pero en algunos casos las empresas dedicadas a la gestión de la reputación digital logran negociar protocolos de desindexación invisibilizando el contenido aún y cuando este sigue vivo en la versión de papel. Las distintas normativas en materia de Derecho al Olvido pueden ser una buena base para argumentar ante la administración pública la ilógica de mantener un contenido de forma indefinida aún y cuando el ciudadano ya ha cumplido con sus obligaciones.

En el caso de información de tipo judicial la dificultad aumenta ya que el solicitante deberá argumentar que el afectado ya ha pagado por el daño supuestamente causado o que su proceso judicial ya ha culminado. Es lo que se conoce como la “cancelación de expedientes en Internet” un derecho legítimo a menudo no respetado por las autoridades públicas quienes no siempre aplican el mismo enfoque en el papel que en el mundo digital.